Por mayoría de votos, la Cámara de Diputados expresó que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”, manifestó su “repudio al Decreto nacional 805/21”, así como “preocupación” por el procedimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en torno al conflicto mapuche en la provincia.
El texto aprobado durante la sesión, surgió de un despacho en mayoría elaborado por la Comisión de Derechos y Garantías, tras escuchar a especialistas en la temática como historiadores, antropólogos y arqueólogos, como también a representantes de pueblos originarios y del INAI, que durante un mes se expresaron al respecto en distintas jornadas de análisis.
Los aportes que dejaron en la comisión más los proyectos presentados por distintos diputados al respecto, sirvieron de base para la elaboración de dos despachos: uno en minoría – que finalmente no prosperó durante el tratamiento en el recinto – y otro en mayoría – el que finalmente resultó aprobado por 30 votos afirmativos.
Por la negativa se expresaron Bruno Ceschin, Valentina Morán, Laura Chazarreta, Edgardo González, Laura Soto, Natalia Vicencio, Néstor Márquez (FdT) y José Luis Ramón (Protectora). En tanto, hubo 6 abstenciones de los diputados Verónica Valverde, Marisa Garnica, Duilio Pezzutti, Roxana Escudero, Julio Villafañe (FdT) y Emanuel Fugazzotto (PV). Además hubo 4 ausentes en la votación: Omar Félix, Juan Pablo Gulino (FdT), Jorge Difonso (UP), y Sandra Astudillo (quien tenía pedido de licencia).
El texto de la Resolución afirma “con base en los aportes científicos, históricos, antropológicos aportados al momento del tratamiento en comisión por especialistas en el tema indígena, que los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”.
Asimismo, expresa “repudio por el Decreto N°850/21 del Poder Ejecutivo Nacional, que prorroga y modifica la Ley 26.160, ya que se encuentra viciado de nulidad y fue dictado en contra de la división de poderes”, y a la vez, “preocupación por el procedimiento realizado por el INAI en las Resoluciones 36/2023; 42/2023 y 47/2023 de dicho organismo, omitiendo la debida participación de la Provincia de Mendoza, Municipios involucrados y terceros con intereses legítimos y de los actos posteriores que de estas se deriven”.
Debate
Desde la bancada oficialista, Evelin Pérez (UCR), indicó que “dimos un intenso debate participamos de todas las instancias”. “Tenemos varios puntos sobre los que creemos necesario que esta Cámara se expida, porque tiene que ver con la vulneración de los derechos de los mendocinos, los procedimientos que creemos a nuestro entender, que han sido vulnerados o no han ejercido la constitucionalidad que corresponde”, agregó.
La legisladora añadió que “se encuentran viciados los procedimientos de la Ley 26.160” y que eso aplica sobre “las Resoluciones del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) que están cuestionadas en esta oportunidad” porque “se violaron los procedimientos que correspondían, no hubo participación de la provincia ni de los diferentes municipios involucrados, lo cual no deja que se hayan visto protegidos ni representados los intereses ni de los mendocinos ni de las diferentes instituciones”.
Reflexionó finalmente: “Estamos convencidos de que los procesos históricos de reconocimiento de los derechos de las comunidades originarias deben ser un proceso de sanación que nos lleven al encuentro y no a violentar los procesos sociales, a generar discrepancias y alterar la paz social”.
En coincidencia se expresó Adrián Reche (UCR), quien indicó que “todo el trabajo que se hizo en la comisión de Derechos y Garantías y que representa este despacho de mayoría, significa una reacción a un problema que, como se dijo acá, no estaba en Mendoza. Un problema que no queremos los mendocinos”. Consideró un “actuar ilegítimo e irregular” del INAI y que con ello nos trae “este problema a la provincia de Mendoza. Existen evidencias científicas que los mapuches no son originarios de Mendoza”.
María José Sanz (UCR), dijo también que la iniciativa se trata, fundamentalmente, de solicitar la revocación de las resoluciones del INAI nº 36, 42 y 47 de este año” porque “lo que hay que tener claro es que esto lo hace teóricamente en el marco de la ley 26.160, ley que se aprobó en 2016, que era sólo por el plazo de cuatro años, y se volvió a extender en cuatro oportunidades, pero la última vez fue en noviembre del año pasado por un Decreto de Necesidad y Urgencia del Presidente de la Nación, que no corresponde, porque el Congreso de la Nación estaba activo y debía ser aprobado por ley como en las instancias anteriores”.
Sintetizó que “tenemos que analizar primero si la ocupación de las tierras es tradicional para cumplir con la ley, en segundo lugar si las comunidades beneficiadas por las resoluciones son originarias del país y si estas comunidades cuentan con personería jurídica”, “queremos el cumplimiento de la ley. Más allá de las pasiones, debemos respetar la ley. No podemos avalar conductas abusivas. Si lo hacemos, vamos a estar avalando el desastre”.
De igual modo Cecilia Rodríguez (UCR), sostuvo que “no somos negacionistas. Esto tiene que ver en el caso de nuestro frente, con que creemos que las cosas deben hacerse conforme a derecho porque vivimos en un Estado de derecho donde las leyes deben cumplirse”.
A su turno, el diputado José Luis Ramón (Protectora), que preside la comisión de Derechos y Garantías, destacó y puso en valor el trabajo que se hizo en esta comisión. Manifestó que las resoluciones que se están debatiendo (del INAI) “no reconocen la posesión, ni el título de propiedad, ni se les está cediendo ningún tipo de tierras que tenga el valor de privarnos a los mendocinos, de estos mendocinos que son el pueblo mapuche, de los recursos económicos que la Constitución de Mendoza dice que los superficiales no tienen”.
El legislador resaltó que “el artículo 75, inciso 17 de la Constitución de la Nación, que fue modificado por la reforma del año 1994, dice que se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos aborígenes en la Argentina”; y continuó manifestando que se niega “la existencia de todas y cada una de estas comunidades en el sur de la provincia”. Asimismo, añadió que “lo que se les reconoció es la ocupación tradicional, pública y actual del territorio; lo que no garantiza ni le otorga, ningún derecho de propietario. Se trata del reconocimiento de la ocupación comunitaria por un tema cultural, no por un sistema de propiedad privada”.
Finalmente, reflexionó Ramón que “es el Estado el que debe proteger a estas comunidades ancestrales”, y opinó que estos proyectos “repercuten en discursos del odio”.
La diputada Laura Chazarreta (FdT-PJ), manifestó el rechazo al despacho en mayoría destacando que “es un dictamen para anular la identidad de personas, de mendocinos y mendocinas”. Consideró que es “un retroceso de los derechos de los pueblos originarios en Argentina, es racista, negacionista y anticonstitucional”.
En tanto, Gustavo Cairo (PRO) opinó que Argentina desde 1810, “desde que tiene existencia como país, ha tenido una política de integración hacia todos los habitantes de su territorio”. Resaltó que en el gobierno de Raúl Alfonsín, en 1983, se dicta la Ley 23.302 que “reconoce y les otorga personería jurídica a los pueblos que habitaban el territorio argentino al momento de la conquista. Mendoza fue fundada en 1561. Era una ley absolutamente progresista, con buenas intenciones. Con esa Ley se crea el INAI”. Agrega que luego de ello se crea y prorroga la ley 26160.
Añadió Cairo que con la reforma de 1994, se incorpora a la Constitución Nacional el inciso 17 en el artículo 75, que “reconoce la identidad étnica y preexistente de los pueblos indígenas argentinos”, y se pregunta “¿Cuáles eran los pueblos indígenas argentinos? Bueno, los que habitaban el territorio argentino en la época de la conquista, muy claro”.
Y cerró; “los mapuches no son originarios de la provincia de Mendoza, son originarios de la Araucanía chilena, ni siquiera de Neuquén”, y que “lo que no queremos los mendocinos es que nos inventen problemas”.
Desde el mismo espacio político Enrique Thomas manifestó que “pareciera que es una discusión estéril pero es una discusión muy importante, y coincido con todos los diputados que me precedieron en la palabra”, pero “los que niegan ser argentinos son los propios mapuches”.
Agregó que hay una agrupación denominada “Mapuche Nation” que “tiene su sede en la ciudad portuaria de Bristol en Gran Bretaña”, la cual ha sido “muy activa desde 1978”, y trabaja como se autodefinen por “la autodeterminación del pueblo mapuche”. El diputado relacionó esto con parte de la descripción que esta agrupación da indicando que son una nación distinta a la argentina o chilena.
Agregó que “la madre del tristemente célebre Jones Huala manifiesta: “Nosotros no somos argentinos, nosotros somos mapuches””, por lo que “después de esa definición tan clara es difícil justificar lo que se ha escuchado en este recinto de que son argentinos. No lo son, ellos lo dicen. Esta expresión respaldada por un pueblo pirata como el inglés, nos hace sentir incómodos, porque eligen no cualquier zona, sino aquellas turísticas, petroleras”.
Por su parte, la diputada Josefina Canale (PDP) reivindicó “el trabajo de la comisión de Derechos y Garantías, de escuchar todas las voces” por la sensibilidad que conlleva el tema tratado. “Queremos dejar en claro que lo que se quiere dilucidar es que la población mapuche no es originaria de Mendoza, ni histórica ni antropológicamente”, remarcó y agregó que “no estamos anulando la identidad”, sino que “no están dadas las condiciones para que tengan el acceso a la tierra que se discute”.
En otro orden, Emanuel Fugazzotto (PV), solicitó la abstención en la votación al considerar que “no voy a permitir que este dictamen sea radical en relación con la posición de un pueblo originario, ni tampoco que se siga partidizando y profundizando la grieta”.
Agregó Fugazzotto que “defendemos a los pueblos originarios, y creemos que negar la preexistencia es un error, y no es una discusión que se tienen que dar en un mes”. “Lo que nosotros estamos haciendo es profundizar una grieta, retroalimentar la discusión partidaria, en un año electoral”.
Mercedes Llano (PD), afirmó que “es muy importante tratar este tema, porque creemos que las acciones del INAI pueden vulnerar los derechos de la propiedad privada, y poner en jaque la conformación del estado mendocino”. “Vamos a adherir al despacho de la mayoría porque plantea ejes centrales que están presentados por el recurso de reconsideración presentado por el gobierno provincial ante las resoluciones del INAI”, finalizó la legisladora.
El diputado Germán Gómez (FdT-PJ), por su parte, dijo que “los mapuches no son pueblos originarios, conforme marca la Ley 26160, de la provincia de Mendoza”.
Sostuvo, el legislador, que “un informe de un organismo nacional como es el INAI, debería ser imparcial, debería ser objetivo, debería ser igualitario, debería ser equilibrado en la elaboración del mismo, para no transgredir, para no violar, para no conculcar derechos de terceras personas”, por ello, según su óptica, la Resolución del INAI producto del relevamiento “para mí es nula”.
Indicó que “es muy fácil hablar de negacionismo, porque también implica negar lo que sucedió en lo ancestral”; subrayó que “todo debe estar dentro de la ley, nada fuera de ella” y que “los pueblos mendocinos tenían un origen diferente. En el expediente del INAI no hay ninguna denominación de los puelches y pehuenches. No es eso un negacionismo? Los estudios históricos y científicos demuestran que tenían una identidad cultural, social, completamente distinta a los mapuches”.
Desde la misma bancada, Edgardo González anticipó en cambio su voto negativo, al hacer referencia que la comunidad Huarpe de Lavalle, “me expresó su temor de que vayan luego por la ley que los reconoce como habitantes naturales”.
