Ni bronce ni oro; los muertos por los grupos guerrilleros en los 70
no son recordados en ningún monumento público y sus nombres
no aparecen en las listas de ningún organismo del Estado. Sus parientes
no han recibido ninguna indemnización ni resarcimiento y cargan
con el estigma de llorar a personas que cometieron el error de morir en el
bando equivocado. Pero ¿cuántos son? El estudio privado más completo indica
que Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y una red de
grupos guerrilleros menores mataron a 1094 personas en once años, entre
1969 y 1979.
Para tener una dimensión, se puede recordar que la organización separatista
vasca ETA mató a 864 personas, pero en cincuenta años, entre 1961 y 2011.
En treinta y nueve años menos, Montoneros, el ERP y otros grupos menores
liquidaron a 230 personas más. Como explico en mi último libro, Los 70,
la década que siempre vuelve, son muertos que se han quedado sin derechos
humanos en un país tan generoso en muchos otros casos. Nada que objetar a
las indemnizaciones a las víctimas de la dictadura y a los nietos recuperados;
por el contrario, es justo que el Estado los indemnice por los delitos de lesa
humanidad cometidos en otros tiempos a través de un uso tan nefasto del
aparato estatal.
Otra cosa son las distorsiones progresivas en el concepto original de víctimas
del terrorismo de Estado. Que han estirado la lista de víctimas más allá de la
dictadura; ahora parten de junio de 1955. También son justos los pagos a los
llamados "presos políticos" -los detenidos en la dictadura- aunque no tanto
que se extiendan a guerrilleros apresados y condenados antes del golpe de
Estado, durante los gobiernos constitucionales del peronismo, por ataques,
secuestros, atentados y muertes. Es muy difícil de justificar, en cambio, que,
además, se hayan hecho acreedores todos ellos a una pensión mensual
graciable, sin aportes, por un valor entre tres y cuatro veces superior al de la
jubilación mínima. Al igual que las indemnizaciones a todos quienes se
consideren exiliados, que resultaron asimilados a los "presos políticos"
durante la dictadura por la Corte Suprema de Justicia incluso en el monto
completo del beneficio. Y ya es absurdo que el oro público bendiga también a
los hijos de los exiliados a través de sentencias judiciales que se clonan con el argumento de que la dictadura les impidió nacer en el país de sus padres. El
caso, por ejemplo, de un sueco o un británico que apenas balbucea el
castellano y nunca pensó en vivir en la Argentina: viene, cobra (según el dólar
oficial) y vuelve a su país.
Los muertos de los grupos guerrilleros son invisibles para
los gobiernos, el Congreso y el Poder Judicial. Debido a
que murieron a manos de jóvenes que profesaban nobles ideales, no hay victimarios y, por lo tanto, tampoco
víctimas. Son muertos menores, de segunda clase, según
lo han entendido todos los gobiernos democráticos -de derecha, centro e izquierda- que se han sucedido desde el retorno a la democracia, en 1983, se presume con el
respaldo de una porción predominante de la opinión
pública
Por el contrario, los muertos de los grupos guerrilleros son invisibles para los
gobiernos, el Congreso y el Poder Judicial. Debido a que murieron a manos de
jóvenes que profesaban nobles ideales, no hay victimarios y, por lo tanto,
tampoco víctimas. Son muertos menores, de segunda clase, según lo han
entendido todos los gobiernos democráticos -de derecha, centro e izquierda-
que se han sucedido desde el retorno a la democracia, en 1983, se presume
con el respaldo de una porción predominante de la opinión pública. Una
muestra más de la supremacía moral que se otorga a las guerrillas y a sus
simpatizantes, que los blinda de tal manera que nadie parece en grado de
preguntarles libremente por qué los mataron. Y si alguien les pregunta o les
reclama, se arriesga a que inmediatamente lo vinculen con la derecha o que lo
acusen de estar a favor de la teoría de los dos demonios.
Por las dudas, aclaro rápidamente: no creo en la teoría de los dos demonios;
como dice el papa Francisco en Fratelli tutti, su última encíclica, "la violencia
ejercida desde las estructuras y el poder del Estado no está en el mismo nivel
que la violencia de los grupos particulares". Pero agrega: "De todos modos, no
se puede pretender que solo se recuerden los sufrimientos injustos de una
sola de las partes".
A pesar de la proliferación en el Estado de un Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, una Secretaría de Derechos Humanos y
numerosas subsecretarías y direcciones nacionales y a secas vinculados a esa
temática, no existe ninguna nómina oficial sobre los muertos de las guerrillas.
A nadie se le ocurrió, o nadie quiso ni pudo hacerlo. Mientras esperamos esa
lista del Estado, contamos con algunos pocos registros privados. El más
completo fue realizado por el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo
y sus Víctimas (Celtyv) -su presidenta es Victoria Villarruel, también escritora-, que durante más de tres años analizó información publicada por cuatro
diarios nacionales y diversos libros, así como revistas de los grupos
guerrilleros.
El período analizado fue acotado a once años -del 1° de enero de 1969 al 31 de
diciembre de 1979- porque sus autores consideraron que fue "la etapa más
cruenta de los ataques terroristas y en la que presumiblemente se podía
identificar con mayor facilidad a las organizaciones responsables de los
crímenes". De esa manera, la investigación dejó afuera a las víctimas
anteriores, que comenzaron el 12 de marzo de 1960 con una bomba que
explotó en La Lucila en la casa del mayor David René Cabrera. El primer
muerto de la guerrilla fue una nena de 3 años, María Guillermina Cabrera
Rojo, que estaba durmiendo junto a sus padres y tres de sus hermanitos.
El informe se refiere solo a la "población civil", a las personas que, según los
Convenios de Ginebra, "no participan directamente en las hostilidades". No
incluye a los militares y policías que cayeron en tiroteos o en ataques a
cuarteles y comisarías. Por ejemplo, no cuentan los muertos en la defensa del
cuartel de Formosa, en 1975. Sumergido en tanta afonía pública sobre esta
cuestión, uno podría pensar que, con semejantes recortes metodológicos, los
muertos debieron haber sido más bien escasos.
Salvo algunos pocos casos más o menos conocidos. Error: aun así, el número
de víctimas de la "población civil" resulta apabullante: 1094 muertos,
2368 heridos y 758 secuestrados. En total, las víctimas por delitos cometidos
por los grupos guerrilleros en aquellos once años fueron 17.382, de amenazas
y extorsiones a robos y daños colaterales. Los datos más sustantivos son los
siguientes:
*29 niños murieron, 79 resultaron heridos y 34 fueron secuestrados; total: 142.
*4380 atentados con bombas: 1600 contra personas físicas y 2780 contra personas jurídicas.
*145 empresarios víctimas: 12 muertos, 5 heridos y 128 secuestrados.
Nombres conocidos, como los hermanos Jorge y Juan Born, Gregorio
Manoukian, Enrique Pescarmona, Oberdan Salustro, Carlos Pulenta,
Raúl Minetti y Víctor Samuelson, y tantos dueños de pequeñas y medianas
empresas.
*1756 militares y policías víctimas, sin contar a quienes murieron o fueron
heridos en combate: 653 muertos, 1069 heridos y 34 secuestrados. Los de
mayor graduación entre los muertos: Aramburu y los generales Juan Carlos
Sánchez y Cesáreo Cardozo.
*215 sindicalistas con algún tipo de agresión grave. Uno de los grupos más
atacados por los guerrilleros.
*50 muertos en Tucumán, donde en marzo de 1974 el ERP instaló un frente
rural: 31 militares y policías, y 19 civiles. Sin contar, claro, a los muertos en enfrentamientos.
Muchas víctimas para que sigan tan ocultas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario